Voto disidente en fallo de Corte de apelaciones reconoce crimenes de lesa humanidad en Chile

Voto disidente en fallo de Corte de Apelaciones de Santiago reconoce la comisión de crímenes de lesa humanidad en Chile

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Por Carlos Morales Osorio, desde Madrid para Megafono Popular

Casi un año hubo que esperar para conocer el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el recurso de protección interpuesto por diversas organizaciones sociales; entre las que se encuentran: el Colegio de Periodistas de Chile, el Colegio Médico de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, el Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile, entre otros, en contra del exministro del Interior Gonzalo Blumel y el General Director de Carabineros Mario Rozas en el cual se pedía el cese inmediato del uso de escopetas con balines de acero, plomo, caucho o perdigón y  que además denunciaba el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado.

Con esta medida, se pretendía restablecer los derechos de la ciudadanía  y, como era de esperarse, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso, argumentando que la violencia inusitada de las protestas no habría hecho posible prever el desarrollo de los acontecimientos que, por parte de las autoridades administrativas y policiales respectivas, habría detonado en el uso de la fuerza por parte de Carabineros la que habría sido legítima. Asimismo, la Sala de la Corte afirma que el recurso ha perdido oportunidad; es decir, que ya no es relevante dado que la Institución de Carabineros ya habría adoptado medidas correctivas al respecto.

Si bien es lamentable la sentencia que denegó el recurso de protección, es importante destacar el voto disidente del fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sr. Jorge Norambuena Carrillo, quien realizó una valoración e interpretación muy distinta de los hechos y el derecho, calificando los argumentos de la defensa de Carabineros como “meramente formales” y señaló que el uso de armas antidisturbios por parte de los uniformados “sólo se pueden utilizar en caso de legítima defensa, es decir, en caso que un funcionario policial sufra una agresión ilegítima”, agregando que “ningún funcionario del Estado está autorizado para cometer delitos de lesiones gravísimas y mutilaciones como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. (artículo 7 del Estatuto de Roma)».

Además, el fiscal Norambuena afirma que: “tampoco se aclara, si los integrantes de esas Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se les han dado cursos sobre derechos humanos y si tienen un efectivo conocimiento que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados; que no es procedente la eximente de obediencia debida, para justificar la comisión de un crimen, por lo que si por ahora no se dan las condiciones para su juzgamiento, podrían ser posteriormente investigados y juzgados, por infringir normas ius cogens, por actos que se enmarcan dentro del estándar que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma”.

Consultado el abogado y Doctor en Derecho Ignacio Bachmann Fuentes, quien coordina al grupo que impulsa la denuncia en contra de Sebastián Piñera y demás responsables por la comisión de crímenes de lesa humanidad ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional, nos señaló que: “el voto del Fiscal Judicial Norambuena se ajusta a la realidad de lo acontecido y aplica correctamente el artículo 7º del Estatuto de Roma”. En cuanto a la trascendencia de la argumentación del fiscal, el jurista indicó que: “teniendo en consideración el contexto en el cual Norambuena ha expresado su voto disidente, debemos calificarlo como valiente, ya que tenemos que recordar que hace unos meses atrás, el Pleno de la Corte de Apelaciones, en ejercicio de sus facultades disciplinarias, dejó sin efecto de oficio una resolución del Juez Daniel Urrutia, lo que es gravísimo”.

A su vez, el académico y abogado puntualizó que “la ciudadanía debe comprender que dentro del Poder Judicial también hay magistrados y fiscales que son conscientes de la gravedad de la situación y de los abusos cometidos, y que fallar en contra de los intereses del Gobierno les significa arriesgar mucho, ya que incluso podrían perder su carrera judicial. Es más, en la Corte de Apelaciones de Santiago, algunos ministros buscan ser promovidos al Tribunal Supremo y para ello evitan enemistarse con la clase política”. Bachmann es categórico en su apreciación diciendo que “este voto disidente es una señal muy importante para las autoridades y para la judicatura en general y, a su vez, le da la posibilidad a la Corte Suprema de revocar el fallo y reconocer que se han cometido crímenes de lesa humanidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto de Roma”. Respecto de la demora en resolver el recurso, que fue presentado el 11 de noviembre de 2019, su respuesta es contundente y señala que: “podría considerarse un caso de denegación de justicia. El recurso de protección está establecido en la Constitución como un procedimiento urgente con el fin de tutelar derechos y garantías fundamentales. Asimismo, el auto acordado de la Corte Suprema sobre su tramitación, establece plazos de días, teniendo siempre presente la premura y preferencia que se le debe dar a su resolución”.

Es importante consignar que el Fiscal Judicial Norambuena es reconocido por su destacada participación en casos emblemáticos, como son los de Caravana de la Muerte, el juicio contra Paul Schäfer y el crimen del ex presidente Eduardo Frei Montalva, entre otros.